Bob McDonnell, Citizens United y la legalización de la corrupción

Cuando Robert McDonnell se convirtió en gobernador de Virginia en enero de 2010, él y su familia tenían dificultades financieras considerables. Él y su esposa tenían casi $75,000 en deuda de tarjeta de crédito, la cual eventualmente acabó alcanzando los $90,000. Junto a su hermana, McDonnell a su vez había tomado prestados $160,000 para pagar gastos de negocios.

En esta situación, el gobernador conoció a Jonnie R. Williams, el director ejecutivo de la empresa Star Scientific, basada en Virginia. Williams había donado el uso de su jet privado a la campaña gobernador de McDonnell y estaba “dispuesto a ayudar” con sus problemas financieros.

Y verdaderamente ayudó. Sus regalos al gobernador incluyeron el uso de su casa de vacaciones y de su Ferrari; $2,000 en alquileres marítimos; $5,000 en excursiones de golf; un reloj Rolex por valor de $6,000; unas vacaciones de $7,300 a una estación turística en Massachusetts; un regalo de $10,000 para la boda de una de las hijas McDonnell; $20,000 en ropa de lujo para la Sra. McDonnell durante una salida a reventar la tarjeta en Manhattan; $15,000 para la boda de otra hija McDonnell; y $150,000 en préstamos indocumentados. La existencia de la mayoría de estos regalos era desconocida por los empleados del gobernador y de la opinión pública, y McDonnell no reembolsó nada hasta que descubrió que estaba bajo investigación. Williams también escondía los regalos, y luego testificó que creía que eran “malos” y “podrían ser violaciones de la ley.”

Como dicen, no hay tal cosa como un Rolex gratis. ¿Qué quería Williams a cambio?

La empresa de Williams, Star Scientific, producía un suplemento dietético basado en tabaco llamado Anatabloc que necesitaba la aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA). Antes de ser aprobado, el suplemento necesitaba ensayos clínicos que verificaran su seguridad y eficacia. Williams quería que las universidades públicas de Virginia hicieran los ensayos clínicos y escribió un protocolo para el proceso, que más tarde dio al gobernador.

McDonnell reenvió el protocolo al ministro de salud de Virginia, a quien después invitó a hablar de Anatabloc con Williams y su esposa Maureen McDonnell. La familia del gobernador también invitó a Williams, funcionarios de la empresa y a los investigadores universitarios a dos recepciones que ellos organizaron a la residencia oficial del gobernador. Una de estas recepciones fue un lanzamiento de producto para Anatabloc, financiado por dinero privado pero organizado por empleados estatales. Durante esta recepción, Williams dio cheques por valor de $25,000 a los investigadores para becas de estudio.

Williams también quería que el plan de salud de los empleados del Estado de Virginia incluyera Anatabloc en su cobertura, para que el gobierno estatal fuera un cliente lucrativo de Star. McDonnell hizo una presentación de Anatabloc durante una reunión con el director del plan de seguro, lo recomendó para el uso de empleados estatales, y pidió que el director se reuniera con Star.

Los ensayos clínicos nunca se llevaron a cabo, y el plan de seguro no cambió para incluir Anatabloc. Aún así, un jurado de Virginia decidió que estas acciones eran una prueba suficiente de violaciones de las leyes de corrupción. Estas leyes dicen que los oficiales del gobierno no pueden aceptar nada de valor a cambio de “acciones oficiales,” es decir, de emplear el poder del gobierno. La intención criminal basta, no importa los resultados finales de las acciones del acusado. McDonnell fue condenado por 11 cargos de corrupción federal a dos años en la prisión. (Su esposa fue condenada a un año y un día en la prisión por ocho cargos de corrupción, y uno más de “obstrucción de la justicia,” o dificultar la investigación.)

Ninguno de estos hechos es disputado. Y aún así es probable que McDonnell sea exonerado en Junio, después de un voto de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

◆◆◆

Luego de que las cortes inferiores confirmaron sus condenas, McDonnell apeló a la Corte Suprema con un argumento que ha confundido al público: Él no sabía qué quería Williams, ni siquiera que actuaba a su favor. Admitió que sí aceptaba los regalos prolíficos de Williams, pero afirmó que no ejecutó lo que las leyes de corrupción denominan “acciones oficiales” a cambio de ellos.

Más bien, el gobernador sólo realizó actividades políticas “rutinarias” que cualquier ciudadano puede solicitar: organizar reuniones, preguntar cosas, asistir a eventos. Es decir que, en términos legales, el cohecho consiste en quid pro quo (algo por algo) y en este caso había quid pero no había quo. Los abogados de McDonnell escribieron que según la “teoría radical” del fiscal, que “los funcionarios que tienen influencia (todos) acepten algo de alguien que quiere algo (todos) es un delito grave.”

Pero esto no es tan radical. Los empleados del gobierno entienden que las violaciones éticas son serias, y por hábito no aceptan regalos de cualquier tipo en sus capacidades oficiales. Hasta el burócrata más modesto compra su propio almuerzo. Sólo los funcionarios de alto nivel tienen este problema de incertidumbre.

Aún así, después de que la Corte Suprema escuchara argumentos sobre el caso hace unas semanas, es claro que los jueces están inclinados a decidir en favor de McDonnell. El fiscal discutió que la relación entre los regalos de Williams y las acciones de McDonnell es obvio, y su carácter oficial también. Un informe del Washington Post sobre el caso ilustró esto: “En un ejemplo, McDonnell ordenó a un subordinado reunirse con Williams la misma noche en que regresó de unas vacaciones gratuitas en la casa de vacaciones de Williams. En otro, seis minutos después de comunicarse con Williams sobre un préstamo, McDonnell se comunicó con un ayudante sobre los ensayos clínicos deseados por Williams.”

Desde un punto de vista legal, las cosas no son tan simples. En el controversial caso Citizens United, decidido en 2010, la Corte Suprema estableció que el cohecho quid pro quo tiene que empezar con prueba directa de un acuerdo corrupto explícito. El tipo de diseño “circunstancial” en el caso McDonnell no satisface el estándar legal para cohecho.

Claro que esa prueba directa no existe, como no existe en la mayoría de casos de corrupción. Los funcionarios y gobernantes de alto nivel son muchas cosas, pero es raro que sean tan estúpidos. “Los donantes de campaña y buscadores de favores, y además los beneficiarios de su generosidad, no necesitan ser explícitos al negociar sus pactos corruptos,” Jeffrey Toobin escribió en el New Yorker. “Pero la Corte Suprema, preocupada por las vulnerabilidades sensibles de los pícaros opulentos, parece requirir una explicación detallada que es tan estúpida como improbable. El resultado lógico es la desregulación de la corrupción, que una victoria para McDonnell sólo acelerará.”

◆◆◆

La preocupación desde el otro lado del argumento es que una condena para McDonnell efectivamente criminalizaría la política. Un Senador que va a un almuerzo organizado por lobbistas y después toma una decisión política preferida por ellos sería juzgado culpable bajo la definición de corrupción que condenó a McDonnell. En los argumentos orales, el Presidente de la Corte John Roberts destacó un informe amicus curiae “extraordinario” firmado por 13 ex-oficiales federales. Los firmantes son políticamente diversos e incluyen seis ex-consejeros de la Casa Blanca. El informe dice que la condena de McDonnell “paralizaría la capacidad de los funcionarios electos para realizar su papel en nuestra democracia representativa” por criminalizar actividades políticas “rutinarias.”

El fiscal en este caso, el subprocurador general Michael Dreeben, respondió a Roberts diciendo que “la teoría ‘pagar para jugar’ del gobierno” de McDonnell no tiene nada que ver con nuestra democracia representativa. Hay una diferencia obvia entre el almuerzo hipotético y los regalos lujosos de Williams, pero ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto donde el regalo pasa de ser algo inofensivo y llega a ser un cohecho? El juez Anthony Kennedy pensó que el estándar de Dreeben en condenar McDonnell fue demasiado vago: “Puede ser que [el límite] del que usted habla está en cuán malvada es la conspiración.”

Otro juez, Stephen Breyer, dejó atrás la conducta de McDonnell para enfocarse en las consecuencias del caso. Si ganara el fiscal del gobierno, y McDonnell fuera condenado, la Corte en efecto estaría diciendo que no hay límite en lo que consiste de “acciones oficiales.” Los funcionarios públicos no tendrían idea de qué es permitido y qué no, y el árbitro de todo esto sería el accionar del Departamento de Justicia en lugar de la ley. Puede ser que la definición de corrupción que exonere a McDonnell sea errónea, pero la definición que le condenaría sería tan extensa que haría lo mismo frente a conductas más o menos inocentes también, y legislar no es la función de la corte.

◆◆◆

Para muchos observadores, esta controversia es una ramificación del caso Citizens United (2010), que anuló una prohibición de gastos por corporaciones en la publicidad política previa a elecciones. El razonamiento fue directo: Si la regulación del financiamiento de las campañas sólo existe para prevenir la corrupción, ella no es necesaria porque ya hay leyes genéricas de corrupción. Además, que una corporación otorgue dinero a una campaña con la expectativa de beneficios que no sean “acciones oficiales” después de la victoria del candidato no cabe en la definición de corrupción que ya conocemos. Entonces, prohibir este tipo de gasto es infringir en el derecho a la libertad de expresión. (De este caso brotan las frases odiadas “corporaciones son personas” y “dinero es expresión.”)

Los jueces parecen aplicar este razonamiento al caso McDonnell, para que el dinero de Williams sea un tipo de “expresión” y no un intento de cohecho. Pero si deciden a favor de McDonnell, las consecuencias sólo compondrán lo que la ciudadanía ya perdió en Citizens United. Zephyr Teachout escribió en el New York Times que:

“En su decisión en Citizens United, la Corte destripó la regulación de financiación de campañas. Reconoció que la política estadounidense se enfrentaba la amenaza de donantes que intentaban corromper el sistema, pero mantuvo que esta regulación no era la manera correcta para combatirla; las leyes de cohecho eran preferidas. Ahora, pues, la Corte parece lista a destripar las leyes de cohecho, diciendo que la regulación de financiación de campañas proveen una técnica mejor. Pero si ambos tipos de leyes ahora son consideradas problemáticas, ¿qué nos queda?”

Es verdad que la decisión de la Corte en el caso McDonnell no es inamovible, pero la simpatía de los jueces para el argumento de McDonnell fue evidente. Quizás lo más preocupante del caso sea que nadie salvo un jurado de Virginia parece estar preocupado por la sórdida conducta de McDonnell, ni siquiera él mismo. Sólo después de ser acusado devolvió $120,000 a Williams, y pidió perdón por “avergonzar” a Virginia. Mientras tanto, McDonnell ha disfrutado de un apoyo bipartidista increíble.

Tim Kaine, ex-gobernador de Virginia y ahora Senador Demócrata por el Estado, escribió una carta de apoyo a la corte inferior para que sea indulgente en la sentencia. Eric Cantor, un Republicano y el ex-Líder de la Mayoría de la Cámara de los Representantes, también escribió una carta de apoyo. Los informes amicus curiae en este caso forman una selección impresionante de funcionarios de cada administración desde Reagan. Hasta el actual gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, probablemente anime a su desgraciado predecesor. Él mismo tiene un historial de coquetear con la corrupción al financiar a la campaña de Clinton.

Tiene sentido. El dinero es bipartidista, y ellos a quienes encargamos regular la corrupción son los mismos que se pueden beneficiar de ella. Así, las leyes siempre serán vagas e imposibles de aplicar. A su vez, es fácil rechazar este caso como una caza de brujas partidaria, como Scott McKay en el American Spectator: “El mismo gobierno federal que ha disminuido los juicios por corrupción a un nuevo mínimo en 20 años atacó el caso McDonnell y destruyó su vida y su carrera porque aceptó regalos legales sin consideración.”

De alguna manera, McKay tiene razón: este caso no debería haber llegado a la Corte Suprema. La realidad es que el gobierno federal actuó porque había impunidad completa a nivel estatal. Virginia es uno de sólo nueve estados que no tiene una comisión de ética, entre otras omisiones legales. Pero el gobierno del estado mantiene una imagen positiva. Como dijo el mismo gobernador McDonnell en 2012: “Virginia siempre ha sido un Estado marcado por gobernancia honesta, transparente, y ética por ambos partidos. El juicio de hoy [en el caso Phil Hamilton] es un recordatorio que nadie está arriba de la ley.” Con notables excepciones.

◆◆◆

Finalmente, el pueblo estadounidense no necesita la Corte Suprema para decirnos qué es la corrupción. Como escribió Dahlia Lithwick en Slate:

“Será algo impresionante si—en un año en que votantes por todo el espectro están enojados y enfermados por la influencia del dinero en la política—la Corte Suprema decide que el pobre Bob McDonnell debe ser perdonado porque sólo hizo lo que cada otro político hace cada día: Aceptar mucho dinero para abrir puertas para un rico. Pero puede ser que la línea entre dinero e influencia ya es demasiado borrosa y ubicua para expresarla en palabras.”

No obstante, el procesamiento más dañino del efecto del dinero en la política no vendrá del poder judicial sino de los votantes. Ya conocemos la cara que han escogido como mascota: Trump, el hombre que “no se puede comprar.” Trump admite que ha tenido pactos corruptos con políticos, pero por su riqueza inmensa, él mismo no podría ser tentado por esa corrupción cuando llega al poder. Así va el mito. Cuando dinero es expresión, él con lo más puede decir lo que quiera.

Vale la pena recordar aquí que los Republicanos de Virginia votaron básicamente de forma idéntica por Rubio (en el conurbano de Washington, D.C.) y Trump (en el resto del Estado). Los ya involucrados en el juego quieren preservarlo, mientras que el resto quiere incendiarlo, pero nadie está bajo la impresión que vamos a tener leyes de corrupción que funcionan. En Virginia todos entendemos que en la democracia, la impunidad comienza de abajo hacia arriba.


Por Catherine Addington

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: